¿Sabías qué… para otorgar y percibir fondos europeos Next Generation las entidades públicas y las empresas privadas deberán contar con programas de compliance que mitiguen los riesgos de fraude, corrupción y conflicto de interés?
El pasado 1 de octubre de 2021 entró en vigor una orden ministerial que obliga a las entidades públicas ejecutoras de los fondos de la Unión Europea del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (conocidos como Next Generation) a implantar Public Compliance Programs que prevengan, detecten y corrijan posibles conductas de fraude, corrupción y conflictos de interés en la ejecución de los citados fondos (artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021). Estos programas, denominados como “Plan de medidas antifraude”, tendrán que aprobarse por los organismos públicos en un plazo de 90 días desde la entrada en vigor o desde que se conozca que se participará en la ejecución de dichos fondos.
Esta orden, dictada por la Ministra de Hacienda y Función Pública al amparo de obligaciones europeas, repercute también en las empresas perceptoras de los fondos, que deberán realizar una declaración responsable en la que se manifieste la adopción de medidas para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés (artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021). Esta declaración responsable obliga a las empresas beneficiarias de las ayudas a contar a su vez con Programas de Compliance o Planes de Prevención de Delitos Corporativos, ya que son las herramientas utilizadas por el sector privado para implantar las medidas requeridas (de prevención, detección y reacción ante incumplimientos normativos).
Por ende, para el libramiento de estos fondos europeos y para no asumir un claro riesgo de reintegro de los mismos, las entidades públicas decisoras o ejecutoras y las empresas beneficiarias de las ayudas, contratistas y subcontratistas, deberán implantar programas de compliance que minimicen el riesgo de fraude, corrupción y conflicto de interés.
Esta apuesta por el cumplimiento normativo en ambos sectores (público y privado), aunque ceñida al contexto de estos fondos europeos, permitirá que se equilibre la gestión de riesgos en la contratación pública, no recayendo únicamente esa “obligación” sobre las empresas privadas que no quieran enfrentarse al yugo de la responsabilidad penal corporativa.
Desde MatErh asesoramos a las entidades públicas y empresas privadas en elaborar e implantar los Planes de Medidas Antifraude y Programas de Compliance, respectivamente, exigidos por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para una gestión eficaz de los fondos europeos.
Laura Casal Fernández
Directora de Consultoría de Riesgos de MatErh
