Con la aprobación del anteproyecto de Ley de protección contra denunciantes España inicia la carrera para trasponer la Directiva Whistleblower y evitar sanciones de la Comisión Europea por su retraso. Esta norma contemplará sanciones cuantiosas a las empresas o administraciones públicas que tomen represalias contra los denunciantes
El Consejo de Ministros en la reunión del 4 de marzo de 2022 ha aprobado el anteproyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción. Esta norma interna traspone la conocida como Directiva Whistleblower o de protección contra denunciantes, que obliga a las empresas de más de 50 empleados y a determinadas entidades del sector público a implementar canales de denuncia internos y aplicar un estatuto eficaz de protección contra represalias.
La Comisión Europea ya le había comunicado a España el inicio de un procedimiento de infracción por su retraso en la trasposición de la Directiva de protección contra denunciantes, ya que fue el pasado 17 de diciembre de 2021 cuando venció el periodo de dos años concedido para trasponer esta norma comunitaria.
El objeto de la trasposición de esta Directiva es proteger a todas las personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno.
La futura Ley establecerá un sistema dual de denuncia, los canales internos de uso preferente y que permitirán las denuncias anónimas, y un canal externo configurado mediante la figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que determinará si el hecho que se está denunciando supone una infracción y si es necesario proteger al informante.
El fomento de una cultura de cumplimiento normativo en los sectores público y privado, que revierta en una lucha eficaz contra la corrupción y el fraude, serían los principales motivos que están detrás de esta transposición y de todos los textos normativos que impulsan la cultura de compliance en general.
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