Las empresas españolas en “tiempo de descuento” para implementar canales de denuncias internos.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 13 de septiembre el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional.
De esta forma se avanza en la aprobación definitiva de la norma española que transpondrá la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, más conocida como Directiva Whistleblower. Pendiente únicamente su envío al Parlamento y aprobación definitiva por el Congreso, para que el citado texto se convierta en Ley. Plazo el cual se estima breve, visto que el anteproyecto disponía como fecha máxima para la implementación de estos canales por las empresas el 1 de enero de 2023.
Esta nueva normativa exige a las empresas de más de 50 empleados disponer de canales de denuncias internos, así como a todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y las fundaciones que de los mismos dependan, siempre que gestionen fondos públicos, con independencia de su número de empleados.
Respecto de las entidades públicas, solo quedan fuera de la obligatoriedad de implementar estos canales internos de comunicación aquellos municipios con menos de 10.000 habitantes.
Las herramientas de denuncia implementadas deberán permitir la presentación de denuncias anónimas. Por su parte, respecto de los plazos de investigación, se impone un periodo máximo de tres meses, con posibilidad de prórroga debidamente justificada.
Este Proyecto de Ley brindará protección a las personas que denuncien violaciones del ordenamiento jurídico español, imponiendo la aplicación de un estatuto jurídico de protección efectiva ante cualquier represalia al denunciante y a su entorno.
Las empresas que impidan o ralenticen la presentación de denuncias o su investigación o que limiten los derechos y garantías reconocidos por esta norma a los denunciantes se enfrentarán a multas económicas de hasta un millón de euros.
La Ley también contempla sanciones a quienes presenten denuncias a conciencia de que son falsas y que pueden dañar gravemente la reputación de personas y organizaciones.
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